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A través de la Mesa Humanitaria Intercultural e Interinstitucional, comunidades indígenas, campesinas e instituciones de los tres niveles de gobierno han convertido tensiones socio-territoriales en confianza mutua, avanzando en compromisos concretos frente a las causas estructurales de la deforestación. La premisa es clara: no hay reducción de la deforestación sin justicia territorial. |
Imagen 1. Referencia Geográfica
1. Un corredor biocultural asediado
El resguardo es un nodo de conectividad ambiental crítico entre las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo. Sin embargo, su riqueza ecológica ha sido fracturada por tres presiones simultáneas: (i) el conflicto armado y las economías ilícitas que han desplazado al Pueblo Inga; (ii) los impactos socioambientales no resueltos de la explotación petrolera de los años 90; y (iii) la llegada de intermediarios del Mercado Voluntario de Carbono que intentaron establecer proyectos forestales sin respetar la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Ante este escenario, las autoridades Inga y las 14 Juntas de Acción Comunal (JAC) campesinas reconocieron que ningún actor comunitario ni privado podía resolver estos conflictos estructurales de manera aislada.
2. La Mesa Humanitaria Intercultural: la palabra como puente
La respuesta estratégica fue la creación de una Mesa Humanitaria Intercultural e Interinstitucional, espacio inédito de gobernanza local que reunió a comunidades indígenas, campesinas e instituciones nacionales, regionales y locales. Este proceso convirtió tensiones socio-territoriales en ejercicios de confianza mutua, bajo el principio de que ambas poblaciones son víctimas del conflicto y que corresponde al Estado la búsqueda de soluciones estructurales. La Mesa articuló a entidades clave: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Interior, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP), la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), la gobernación del Putumayo, las alcaldías de Puerto Guzmán y Puerto Caicedo, construyendo así una ruta institucional coordinada.
3. La seguridad y los derechos territoriales como condiciones habilitantes para reducir la deforestación y conservar los bosques
La experiencia de Villa Catalina demuestra que detener la deforestación requiere resolver primero los derechos territoriales y estos dependen de garantizar la seguridad de las comunidades ante la presencia de actores armados. El desafío central es avanzar en el saneamiento del resguardo: restituir los derechos del Pueblo Inga y, simultáneamente, garantizar acceso jurídico estable a la tierra para la población campesina que ha habitado la zona durante más de 25 años. Reconociendo así, que solamente la conservación y cuidado efectivo de la naturaleza será posible bajo una garantía real de la gobernanza de los territorios. Resolver esta conflictividad agraria es la base indispensable para:
- Canalizar instrumentos de financiamiento climático e incentivos forestales.
- Implementar proyectos de restauración a largo plazo alineados con los compromisos climáticos y de biodiversidad del país.
- Activar el cierre definitivo del pozo Airu-1, cuya remediación ambiental es una deuda histórica del Estado con la comunidad.
Imagen 2. Contratos de exploración y producción de hidrocarburos en el Resguardo de Villa Catalina de Puerto Rosario.
La gobernanza efectiva del territorio es, por tanto, la condición habilitante para la reducción sostenible de la deforestación.
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Contexto clave: El Resguardo Indígena Inga Villa Catalina, ubicado en el Putumayo en la franja andino-amazónica, enfrenta una crisis humanitaria multicausal: pérdida de más de 131.000 ha de bosque, traslape del 100% de su territorio con bloques petroleros —incluyendo el pozo Airu-1 (explotado en los 90, con cierre aún pendiente)— y desplazamiento forzado del Pueblo Inga por actores armados ilegales y economías ilícitas. |
4. Perspectivas: hacia un laboratorio vivo de Paz con la Naturaleza
Aunque el proceso avanza con lentitud por las restricciones de orden público, la ruta institucional continúa. Las autoridades indígenas buscan fortalecer la Mesa Humanitaria para dar seguimiento a los acuerdos sobre derechos territoriales, los impactos del traslape con pozos petroleros y la CLPI vulnerada. La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz mantiene su seguimiento activo al cumplimiento de los compromisos de la institucionalidad de tierras y el sector ambiental continúa brindando herramientas para el moniteoreo ambiental comunitario. El próximo paso estratégico es una nueva Mesa de Diálogo liderada por el Ministerio del Interior. Sostener la voluntad política estatal y asegurar recursos continuos son las claves para que Villa Catalina se consolide como un modelo replicable de cooperación intercultural, reconciliación, control territorial y justicia ambiental en Colombia.
En memoria de Olga López, ex gobernadora del Resguardo Inga Villa Catalina de Puerto Rosario, quien dedicó años de su vida a construir puentes de entendimiento entre comunidades e instituciones.
