Financiamiento para REDD+ y gestión forestal sostenible necesita influir en el sector productivo

11 Aug 2017

Para reducir la deforestación a la mitad de 2005 a 2030, se calcula que se necesitan de 17.000 a 28.000 millones de dólares norteamericanos anuales. Sin embargo, aunque se logren estos montos de inversión, mientras las causas de este fenómeno no sean realmente abordadas, será difícil detener la pérdida y degradación de áreas boscosas.

 

Esta es una de las principales ideas que emanaron del Intercambio regional de conocimiento "Estrategias de financiamiento para gestión forestal sostenible (GFS) y REDD+", que tuvo lugar los días 11 y 12 de julio en Ciudad de Panamá, Panamá, y que contó con la participación de más de 50 representantes de autoridades forestales y de cambio climático de 12 países de América Latina, así como expertos de bancos, fondos y programas para el desarrollo, entre otros.


Uno de los principales desafíos para atajar la deforestación es que cortar el bosque continúa siendo más atractivo financieramente que protegerlo o recuperarlo. Por eso la respuesta no está sólo en aumentar el flujo de financiamiento a REDD+, sino que con estos recursos se logren cambios estructurales en el sector productivo que lleven a que los diferentes actores prefieran una gestión forestal sostenible y actividades libres de deforestación.


En todo el mundo, sólo las inversiones forestales privadas son 24 veces mayores a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), según el Banco Mundial. Pero este financiamiento privado no necesariamente va dirigido a prácticas sostenibles. En el caso de América Latina, mientras que el promedio anual de inversión en el sector forestal con objetivos de sostenibilidad y procedente de la Ayuda Oficial al Desarrollo es de 326 millones de dólares norteamericanos, la inversión en plantaciones es de 1.464 millones y la que va a parar a procesamiento forestal asciende a 2.240 millones. Se estima que el área total de plantaciones es de unos 24,2 millones de hectáreas en la región, de las que 18,8 millones son propiedad privada.


De igual forma, la inversión estatal o privada en actividades productivas que pueden estar fomentando la ampliación de la frontera agropecuaria es varias veces mayor al financiamiento para REDD+. En Ecuador, por ejemplo, los créditos agropecuarios y la inversión estatal en programas de ganadería, el uso de suelo que más reemplazó los bosques entre 2009 y 2014, fueron 219 y 26 veces mayores respectivamente a los recursos para REDD+ en el año 2015. Estas cifras demuestran la necesidad de que el financiamiento para GFS y REDD+ logre influir en las actividades productivas que llevan a la deforestación y degradación de los bosques, donde el sector privado tiene un rol protagónico.

 

Expandir lucha contra deforestación a otros ministerios


La gran mayoría de actividades que implica la implementación de la gestión forestal sostenible son las mismas que implica REDD+. En gran parte de los países que participaron en el Intercambio regional de conocimiento, la GFS y REDD+ son competencia de los ministerios de Ambiente, con algunas interacciones con otros ministerios como Agricultura o Relaciones Exteriores. En el taller se concluyó que, para lograr un cambio estructural en el sector productivo, es necesaria una expansión de la GFS y REDD+ en términos geográficos y temáticos.

 

En términos geográficos, significa que los esfuerzos para reducir la deforestación no deben concentrarse exclusivamente en áreas de bosques o ecosistemas naturales, que son competencia directa generalmente de los ministerios de Ambiente, sino que deben ser ampliados a todas las áreas, principalmente las agropecuarias, pero también a las mineras o urbanas.


En términos temáticos, las instituciones que lideran la GFS y REDD+ también suelen estar restringidas al manejo de especies nativas, trabajo con comunidades o control ambiental. Para influir en el sector productivo, es necesario que la GFS y REDD+ sean también responsabilidad de las entidades gubernamentales más cercanas al sector privado, como las que interactúan con los sectores agropecuario, minero, producción, comercialización, financiero e incluso educativo.

 

 


Estrategias financieras de los países latinoamericanos


Hasta la fecha, una gran parte de los países de América Latina y el Caribe han elaborado sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas bajo el marco del Acuerdo de París. Más de la mitad de países de la región incluyeron al sector forestal entre sus prioridades para enfrentar el cambio climático. Algunos de los países que incluyen los sectores de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra, silvicultura o forestal son México, Guatemala, Belice, El Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los que incluyen metas forestales son Honduras y Venezuela.


Tanto para gestión forestal sostenible como para REDD+, varios países han construido sus políticas nacionales. En el marco de estas políticas, se elaboran estrategias financieras, es decir, proyecciones y planes que estiman los costos esperados, posibles ingresos, fuentes de financiamiento y/o mecanismos para obtener recursos.

 

Adicionalmente y como complemento a las políticas nacionales y a la estrategias financieras, muchos países elaboran planes de inversión o de implementación. Algunos son más específicos que otros y, bien pueden haber sido construidos contando con financiamiento, o ser ellos mismos una herramienta para conseguir fondos. En el caso de América Latina, estos planes tienen también grandes diferencias entre sí. Algunos abarcan todo el país, como el de Costa Rica, otros sólo una región o ecosistema, como los Planes de Acción para Prevención y Control de la Deforestación en el Cerrado y Amazonía de Brasil, y otros son específicos para un área de acción. La mayoría abarcan un espacio de tiempo de entre 5 y 10 años.


Los planes de inversión/implementación incluyen las diferentes políticas, medidas y acciones que se requieren para REDD+ y que son de competencia de diferentes entidades. Por esta razón, su elaboración requiere de una coordinación intersectorial y de varios actores. La dificultad para coordinar actores involucrados fue una de las problemáticas compartida por la mayoría de los asistentes del Intercambio regional de conocimiento.

 

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